La Inteligencia Artificial en la fiscalización de los impuestos

La Inteligencia Artificial o “#IA”, en pocas palabras, es la capacidad creada artificialmente para las nuevas tecnologías puedan aprender en términos más o menos equivalente tal como lo haría un ser humano. Es decir, hoy las nuevas tecnologías no sólo pueden ejecutar procesos previamente establecidos por su creador, sino que, además, pueden ejecutar dichos procesos con la aptitud que lo haría una persona. Ello explica su popularidad y su rápida implementación.

Si bien la #IA no es un invento de este siglo, pues sus orígenes se remontan a la década de 1950, su evolución en los últimos años ha sido muy significativa permitiendo extender sus beneficios a prácticamente todas las áreas de la vida actual, adaptándose a las necesidades y los acelerados tiempos de hoy.

La IA ha cautivado a todos con sus múltiples beneficios productivos y operativos, no sólo para el sector privado, sino que además para el sector público.

La tendencia en los últimos años indica que los distintos Estados ven en la IA una herramienta útil que les permite llevar a cabo su función pública. Hoy en día, existen diferentes tareas que eran realizadas por un funcionario público, como, por ejemplo, la atención a usuarios se ha reemplazado por asistentes virtuales o chatbot.

Sin embargo, su uso por parte de la Administración Pública no se limita en labores menores como la implementación de asistentes virtuales que orienten a los ciudadanos a realizar un trámite o a obtener información, sino que, además, los diferentes Estados han comenzado a implementar la IA en sus funciones públicas, propiamente tales.

Considerando las múltiples funciones que deben cumplir los Estados frente a sus ciudadanos y la necesidad de que dicha labor se realice cada vez de forma más rápida y eficaz, es necesario que las Administraciones Públicas hagan uso de todas las herramientas digitales que puedan implementar en sus funciones públicas para lograr sus objetivos.

Sin embargo, no podemos olvidar que, en la mayoría de las naciones democráticas, el Estado se encuentra obligado a ejercer sus potestades públicas, bajo el estricto cumplimiento de los principios y normas fundamentales contenidas en la Constitución. En pocas palabras, el Estado sólo puede actuar según los límites constitucionales, fuera de ellos sus actuaciones son ineficaces y no tienen validez ni vinculación alguna para la ciudadanía.

Con todo, si bien existen grandes aspectos positivos para que las naciones busquen mejorar el ejercicio de sus funciones públicas a través de los avances tecnológicos, también surgen importantes interrogantes, como, por ejemplo:

🔴 ¿Qué ocurre con la legitimidad de los actos emitidos sólo mediante sistemas tecnológicos?

🔴 ¿Hasta dónde se pueden delegar funciones públicas en un simple software?

🔴 ¿Es válido un acto administrativo que emite un software con #inteligenciaartificial?

🔴 ¿En el caso de los funcionarios que están investidos como Ministros de Fe para emitir actos administrativos, también lo estará el software que emite el acto?

Estas preguntas no tienen una respuesta fácil y cada país deberá abordarlas según sus propios principios y mandatos constitucionales, pero no deja de ser una realidad que a medida que los Estados implementan #IA en sus funciones públicas, se puede ir generando un cuestionamiento mayor a la legalidad y legitimidad de sus actos administrativos emitidos a través de las nuevas tecnologías, sobre todo, si ellos son vinculantes para la ciudadanía y afectan sus derechos fundamentales.

En el caso de Chile es una realidad que la #IA está presente en la función pública, incluso, la tendencia de invertir en su uso y capacitación ha ido creciendo con los años, lo cual explica que Chile es uno de los países de la región que más utiliza la IA en sus funciones públicas.

Nuestro país siempre ha estado a la vanguardia con los desarrollos tecnológicos por lo que el uso de IA en las funciones públicas no debería ser una sorpresa, sin perjuicio de ello, estas prácticas generan ciertas aprensiones debido a que su uso podrían atentar principios y derechos fundamentales, sobre todo cuando los actos administrativos que emanen de la IA signifiquen una afectación al patrimonio de una persona, su libertad, su vida privada, entre otros.

Si analizamos lo que ocurre en la Administración Tributaria, el uso de IA por parte del SII ciertamente es una herramienta valiosa de apoyo para fiscalizar el correcto cumplimiento tributario, sin embargo, el ejercicio de esta facultad podría generar una afectación patrimonial de los ciudadanos, la cual se justifica siempre que esta provenga de un acto administrativo válido, motivado, fundado y que se encuentre dentro de los límites que establece la ley, teniendo especial respeto a los derechos de los ciudadanos.

Ahora bien, si producto del uso de IA se emiten actos administrativos (Citación y Liquidación de Impuestos) y pretende cobrar impuestos indebidos o improcedentes, cabe preguntarse, ¿Ese acto administrativo emito por un algoritmo es un acto válido para el ciudadano? Ciertamente que no lo es, o al menos no debería serlo, pero si la ciudadanía no tiene pleno conocimiento del alcance del uso de la IA dentro de la administración fiscal ni tampoco está debidamente regulado por la ley ¿Cómo un ciudadano puede defenderse frente a ello?

No podemos dejar de reflexionar sobre lo siguiente: el uso de la #IA en la administración fiscal trae muchos beneficios, pero mientras ello no se regule adecuadamente y se informe oportunamente a la ciudadanía en los casos que les afecta, se vuelve como un punto ciego dentro del sistema tributario, que vulnera gravemente los derechos de los contribuyentes.