(publicado por: https://aprimin.cl/)
Se acerca la fecha de votación en general del proyecto de royalty minero en la Comisión de Minería y Energía del Senado, razón que motiva a continuar instancias de análisis. En este contexto, se abordó esta moción en un foro online organizado por el Comité Minero de la Cámara Chileno Suiza de Comercio.
El proyecto de royalty minero, el cual propone aplicar desde un 3% a un 75% sobre las ventas a la minería del país, vuelve a enfrentar momentos de definiciones. La senadora Yasna Provoste, presidenta de esa Comisión, recalcó que aún quedan exposiciones de organizaciones mineras, las cuales deben ser materializadas previamente a la votación del proyecto.
En este contexto, el Comité de Minería de la Cámara Chileno Suiza de Comercio (CCHSC) organizó un seminario para hablar de las dificultades y consecuencias que traería el proyecto de royalty en la minería de nuestro país. La instancia contó con la participación de Sergio Hernández, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN); mientras que Jean Dupouy, gerente de marketing de la empresa proveedora Endress + Hauser Chile presentó a esa empresa y sus innovaciones.
El proyecto propuesto en 2018 por diputados de oposición, se fundó bajo la crítica que en Chile no existe un royalty del Estado. Frente a esto, el director ejecutivo de APRIMIN, comentó que “esto constituye un error gravísimo, porque el impuesto específico a la actividad minera es un royalty. El royalty minero en Chile sí existe, porque las cosas en derecho son lo que son en su esencia y no lo que su nombre indica o su forma adopte”.
En la actualidad-añade- el royalty existente contempla tasas por tramos del margen operacional minero. La tasa efectiva es entre un 5% y un 14%. Sumado a impuestos que deben pagar las empresas mineras, la carga total de tributación es, con los actuales márgenes proyectados de la gran minería, en torno entre el 42% y el 46%, “una carga razonable y competitiva”, analiza Hernández. Este tributo, o royalty, tiene como objetivo compensar el deterioro patrimonial de la propiedad del Estado como consecuencia de la extracción de los recursos mineros que se encuentran bajo su territorio y que privados explotan para su desarrollo.
Asimismo, es importante mencionar que la propuesta actual parlamentaria de royalty se aplicaría para mineras que producen sobre las 12.000 toneladas de cobre y su equivalente en otras pastas, considerando tasas que aumentan a medida que el precio de los minerales sube, llegando hasta más de un 80% de carga tributaria total, al sumar el royalty a otros impuestos, incluyendo el Impuesto Específico a la Minería que no se deroga, con lo cual se duplicaría la carga que se aplica en otros distritos mineros que nos compiten.
Pérdida de competitividad
Por otra parte, se suma a este contexto el hecho que la operación minera en nuestro país está sometida a una serie de factores externos que, en gran medida, deterioran la competitividad de la industria frente a otros países, como son la disminución de mineral puro en los yacimientos, las mayores impurezas, la mayor dureza de la roca, los permisos ambientales y la licencia de la comunidad, el precio de la energía, las inversiones por la impulsión y desalinización del agua de mar, los costos de adopción de nuevas tecnologías y la incertidumbre que genera el proceso constitucional son algunos de los elementos a los que alude Hernández. A esto, se le suma la inquietud que produce el royalty, y qué implicancias tendrá en la industria chilena.
Frente a esto, Jean Dupouy, gerente de marketing de la empresa proveedora Endress + Hauser Chile, al referirse en parte de su exposición a este tema, comentó que “la industria minera, no solamente local, sino que internacional, ha estado cambiando gracias a la escasez hídrica, los costos de energía, las razones sociales para operar, las presiones de las comunidades, y ahora, con el nuevo proyecto de royalty minero”.
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